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Reto demográfico y pensiones: ¿Acuerdo o conflicto intergeneracional?

En pleno debate sobre las pensiones os dejo uno de los capítulos del libro “La España que queremos”, que publiqué hace un año con ayuda de algunos amigos y compañeros (http://juanlobato.es/la-espana-que-queremos-y-el-psoe-que-necesitamos/).

Creo que es bastante grave que este asunto se esté afrontando con tal cortoplacismo, electoralismo, falta de visión y de valentía y con tanto populismo y falta de rigor en los análisis y en las propuestas del Gobierno y de algunos partidos de la oposición.

Se que las propuestas que hago no serán del gusto de muchos. Humildemente intento poner sobre la mesa medidas concretas para evitar un riesgo que cada vez me preocupa más: la ruptura generacional entre los mayores, que cobran pensiones cada año menos dignas, y los trabajadores, que aportan parte de su sueldo para pagar esas pensiones con una expectativa cada vez menor de cobrar ellos mismos pensiones cuando se jubilen.

Espero que pronto veamos más seriedad y responsabilidad.

 

 

Pensiones, reto demográfico y acuerdo intergeneracional

Este debate sobre empleo e innovación (analizado en el capítulo anterior) presenta importantes connotaciones generacionales. A priori puede existir una contraposición de intereses entre aquellos jóvenes, o aún niños, que se ven con tiempo y capacidad de aprendizaje suficiente para adaptarse con soltura a los nuevos sectores productivos por desarrollar, y aquellos otros ciudadanos en edades más avanzadas y con trayectorias profesionales muy determinadas, que pueden presentar un mayor rechazo a esta evolución. Hay que hacerse cargo de la situación y liderar el debate con todas las garantías mencionadas anteriormente, y con la participación comprometida de unos sindicatos de clase modernos que compartan la visión estratégica de país.

Las pensiones y la deuda pública son los dos elementos que completan el círculo del debate generacional.

Las pensiones y el factor demográfico

Existe población en edad media o avanzada que puede presentar reticencias a la evolución estratégica del país hacia sectores productivos del campo de la ciencia, la tecnología o la innovación, por simples y justificadas razones de reubicación de la demanda de fuerza laboral hacia perfiles que no son los suyos.

Pero este análisis no debe plantearse aisladamente. El futuro de las pensiones está absolutamente condicionado por estas decisiones estratégicas que hoy tomemos, y afectará sin duda a quienes hoy puedan tener dudas sobre la dirección estratégica del país.

España sufre unos índices de natalidad muy bajos desde hace algunos años y una expectativa de futuro poco esperanzadora. La generación fértil actual encuentra numerosos inconvenientes culturales, sociales y, sobre todo, económicos y laborales a la hora de plantearse formar una familia: paro, empleos y sueldos precarios, riesgo de pérdida de puesto de trabajo para las mujeres, ruptura en las carreras de cotización, jornadas laborales que impiden la atención a los hijos, ausencia de recursos públicos económicos o de servicios de conciliación, etc.

Esta situación exige la intervención de los poderes públicos. La maternidad/paternidad debe protegerse como una de las más importantes contribuciones que se puede hacer a la sociedad. Es preciso tener presente la elevada concentración del gasto público que se produce en los sectores de población de mayor edad, y la poca atención al gasto público en niños y jóvenes.

Con la evolución demográfica esperada, y pese a posibles cambios en los umbrales de jubilación, parece claro que dentro de no muchos años tendremos en España un ratio de prácticamente un trabajador en activo por cada pensionista. Además, las pensiones del futuro van a ir directamente ligadas a la dependencia, con unos efectos sociales y económicos muy superiores a los actuales.

El actual sistema de pensiones se basa en el principio de solidaridad intergeneracional: los actuales trabajadores en activo financian con sus aportaciones a la seguridad social las pensiones de los actuales pensionistas. Todo ello con el importante factor de corrección del Fondo de Garantía de las pensiones, que recibe aportaciones o sufre detracciones según las condiciones del momento.

Para afrontar con seriedad y responsabilidad este debate debemos huir de dogmatismos previos. El sistema actual es bueno técnica y conceptualmente, pero no es sostenible económicamente con la evolución demográfica esperada.

Cuando la demografía no es suficiente para financiar las pensiones solo hay tres opciones: 1) trabajar más, retrasando la edad de jubilación; 2) aumentar las contribuciones al sistema; 3) rebajar la tasa de reemplazo (la relación entre la pensión que cobras y tu nivel salarial antes de retirarte).

Nuestra propuesta establece una serie de modificaciones importantes, que no estarán exentas de polémica, de resistencias conservadoras y de necesarias mejoras y aportaciones:

  1. Añadir al sistema de pensiones otras fuentes de financiación complementarias a las cotizaciones sociales. Estas fuentes, de naturaleza impositiva, deberían tener carácter contracíclico, y aplicarse de forma coordinada con la política económica general del país, suponiendo una imposición directa y recayendo sobre renta o riqueza según las necesidades del ciclo económico. Esta nueva fuente de financiación debería tener como destino un fondo de capitalización que ayude a garantizar las propias pensiones futuras del aportante, facilitando la aceptación social de la medida y estableciendo una transición del sistema actual de reparto puro a un sistema mixto, que incluya la capitalización de estas aportaciones, ayudando de esta manera a su sostenibilidad.
  2. Determinar umbrales de jubilación por sectores productivos y ámbitos laborales concretos, según las condiciones de cada uno de ellos. Estos umbrales, debido a la influencia directa que tienen en la población activa total, deben establecerse en directa coordinación con la estrategia económica global y de acuerdo con los planes de reconversión laboral establecidos por sectores.

 

Pese a la completa aplicación de estas medidas, únicamente es posible conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones si se consigue reorientar la economía del país hacia sectores más productivos, que generen más empleos y de calidad, con salarios más elevados que suponen mayores aportaciones a la seguridad social y al fondo de capitalización financiado por vía impositiva.

La apuesta por la transición hacia estos sectores productivos (ciencia, innovación y tecnología), es la garantía de estabilidad del sistema español de pensiones a corto y medio plazo.

Esta es la razón y el incentivo claro a alcanzar un acuerdo intergeneracional de transición hacia estos sectores, asumiendo los necesarios ajustes que el mercado laboral deberá realizar.

A la futura financiación del sistema de pensiones se le añade una nueva complejidad: el aumento progresivo del peso en la fuerza laboral total del trabajo por cuenta propia (autónomos) frente al trabajo asalariado. Este cambio de patrón en las relaciones laborales presenta una previsión de crecimiento alta, tanto por razones de economía fiscal (ahorro de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social), como por razones de cultura laboral (aumento del trabajo independiente o freelance).

La tarea principal consiste en incentivar el trabajo autónomo, que es fundamental en la apuesta estratégica por la ciencia y la innovación, luchando al mismo tiempo contra las economías fiscales de las que se benefician los falsos autónomos, que en realidad desarrollan trabajos por cuenta ajena. Esto sólo se consigue equiparando la tributación y la aportación a la seguridad social de estos falsos autónomos con las que realizan los trabajadores por cuenta ajena, alcanzando un punto intermedio entre ambas. De la misma manera que los falsos autónomos tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores por cuenta ajena, deberán tener las mismas obligaciones de aportaciones fiscales y de seguridad social, garantizando así un trato más justo para todos y una mejor sostenibilidad del sistema tributario y de pensiones.

 

Una medida complementaria a aplicar a este nuevo sistema sería la de permitir un margen de libertad en las aportaciones a realizar al nuevo fondo de capitalización. Los trabajadores, ya sean por cuenta propia o por cuenta ajena, podrían determinar, dentro de un rango establecido, el destino de un porcentaje mayor a dicho fondo de capitalización, que revertirá con una intensidad mayor en las pensiones que estos aportantes perciban. Este sistema permitirá introducir un elemento de competencia con los planes de pensiones privados.

A modo de conclusión y en palabras de Santos Ruesga podemos señalar que “en un Estado social y democrático de derecho, el acceso a una pensión suficiente en la vejez se configura como un derecho que los poderes públicos tienen el deber de proteger a través del establecimiento de las fuentes de financiación oportunas”.

Deuda pública

La tercera pata del debate intergeneracional es la deuda pública. Elevar la deuda pública del país no es más que aplicar una subida de impuestos en diferido: asumir gastos hoy sin generar ingresos suficientes y subir los impuestos mañana, que pagarán los gastos de hoy. Elevar la deuda pública no es más que subir los impuestos, en concreto los impuestos intergeneracionales, que son posiblemente los más injustos de todos.

Pero la deuda pública no tiene porqué ser un mal instrumento de política económica. El acuerdo intergeneracional en esta materia debería consistir en que toda emisión de deuda pública se someta a dos circunstancias:

  1. Que dicha emisión coincida con una política económica de país contracíclica, es decir, limitar a los gestores públicos la posibilidad de aumentar la deuda en ciclos económicos expansivos, permitiendo hacerlo en ciclos contractivos, y utilizando así el presupuesto público de forma óptima para estabilizar la economía.
  2. Que el destino de dicha emisión sea para inversiones productivas sostenibles y acordes a la apuesta estratégica país: ciencia, innovación, tecnología, energías renovables, etc.

 

En definitiva, podemos concluir que es preciso alcanzar un acuerdo intergeneracional que suponga un equilibrio entre empleo (transición hacia sectores productivos estratégicos), sostenibilidad a medio plazo de las pensiones y deuda pública y sus fines. Todo ello de acuerdo con el modelo estratégico de desarrollo de la economía sostenible del conocimiento y su apuesta por la ciencia, la innovación y la tecnología, que se define de forma completa en el resto de capítulos de esta publicación.


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